Veto al cacao de zonas deforestadas: se multiplica la presión para que Bruselas retrase esta ley pionera | Clima y Medio Ambiente

Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completaba estos días a marchas forzadas su nuevo equipo de comisarios, su buzón en Bruselas se desbordaba con cartas de ministros, empresas, lobbies, ONG y políticos reclamándole que retrase uno de los hitos en materia de protección medioambiental del mandato que ahora concluye: la ley de deforestación, que debe entrar en vigor el 30 de diciembre y que prevé cerrar el mercado europeo a productos como el café, el cacao o la madera que procedan de tierras deforestadas.Otras pocas misivas, las menos, le rogaban que no ceda a unas presiones que no solo no se puede permitir el mundo en vista del acelerado cambio climático. Sino que doblegarse, venían a decir, podría poner además en duda el ya de por sí cuestionado compromiso con el Pacto Verde europeo ahora que arranca un nuevo quinquenio clave para cumplir con los objetivos climáticos, pero en el que el mantra de Bruselas ya no es el medio ambiente, sino la competitividad.El Ejecutivo europeo, por ahora, mantiene una fecha que, recuerda un portavoz, no impuso: la fijaron los colegisladores, es decir, los Estados y la Eurocámara, cuando en 2023 ratificaron con holgadas mayorías la normativa, algo de hecho excepcional en los últimos tiempos para tratarse de una ley ambiental. Pero de puertas adentro, algunas voces reconocen que, aunque la ley en sí es más que necesaria, podría requerir de algunos ajustes para aclarar las múltiples dudas manifestadas por numerosos países y sectores afectados y asegurarse además de que no acaben pagando los más vulnerables.El último llamamiento —hasta el momento— pidiendo un aplazamiento viene de las propias filas de Von der Leyen: los eurodiputados Peter Liese y Herbert Dorfmann, del Partido Popular Europeo (PPE), que tan crítico ha sido con el Pacto Verde el último año, llamaron a la Comisión a “retrasar de inmediato la implementación” de una “jungla de reglas” que suponen un “monstruo burocrático” para las empresas. “La Comisión debe tomarse el tiempo suficiente para solucionar los numerosos problemas de la legislación”, reclaman.También la Asociación Europea del Cacao, que asegura que apoya el reglamento y sus objetivos, quiere una “extensión formal del periodo de transición de al menos seis meses”. Según argumenta, “la falta de claridad en elementos clave por la publicación reiteradamente retrasada de las preguntas y respuestas y las guías [para las empresas] hacen que prepararse para este reglamento sea algo altamente incierto desde una perspectiva legal”.Eurodiputados socialdemócratas y liberales escribieron también a Von der Leyen los pasados días, subrayando, por el contrario, la importancia de mantener los plazos. Al mismo tiempo, sin embargo, también instaban a la Comisión a “responder con urgencia” a las “preguntas abiertas de algunas empresas y países productores sobre la implementación práctica” de la normativa.Descubre el pulso del planeta en cada noticia, no te pierdas nada. SIGUE LEYENDO“Las leyes votadas deben ser respetadas y es de la máxima importancia que la UE no ceda a presiones externas y no se arriesgue a abrir la caja de Pandora” que supondría revisar esta ley, explica el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin, coautor de una de las cartas.El reglamento de la Unión Europea sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) cerrará el espacio europeo a importaciones como el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho, el ganado, la madera y la soja y derivados —carne de vacuno, productos de cuero o de papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate— que contribuyan a la deforestación o a la degradación de los bosques. Para distribuir estos productos en la UE, los proveedores deberán contar con una declaración de “diligencia debida” que certifique que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020. Además, las empresas deberán demostrar que sus productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos. La normativa entrará en vigor a finales de año para las empresas grandes y, seis meses después, para el resto.Las presiones sobre esta ley pionera que busca frenar un problema del que la UE tiene mucha responsabilidad —cerca del 10% de la deforestación mundial es atribuible al consumo en la Unión— no son nuevas. Casi desde el principio, los países más afectados, como Brasil, Indonesia o Malasia, han sido críticos con una normativa que temen provoque una caída importante en sus exportaciones. Acusan a Bruselas de no tener en cuenta los esfuerzos propios en materia de deforestación y de no ser clara en aspectos clave como la “trazabilidad” de los productos que exige.Pero con la reapertura, en septiembre, del curso político, y la cada vez más cercana fecha de implementación, la presión se ha redoblado. Y viene de todas partes, también desde el corazón de esa UE que tanto aplaudió en su momento la aprobación de esta ley pionera.Críticas desde Brasil y AustraliaA mediados de septiembre, los ministros brasileños de Exteriores, Mauro Vieira, y Agricultura, Carlos Fávaro, escribieron también a Bruselas calificando la ley de “unilateral, coercitiva y punitiva”. Casi al mismo tiempo, el Senado australiano aprobaba una moción llamando a la UE a posponer la normativa por la “incertidumbre” que genera en el sector ganadero nacional una normativa en la que la definición de “bosque” difiere de la australiana.Un problema al que también apuntan los productores africanos. La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, llamaba en una entrevista con el Financial Times esos mismos días a la UE a “repensar el sistema” de la normativa. Ponía el ejemplo de su propio país, Nigeria, donde los agricultores dejan la tierra en barbecho durante diez años para que se regenere y luego talan los árboles que hayan crecido para plantar cultivos. “¿Es eso deforestación? ¿Cómo calculamos esto?”, lanzó.Mientras, desde Berlín, el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, que gobierna en coalición con los Verdes y cuyo gobierno fue uno de los que votó a favor de la normativa, revelaba que había hablado con Von der Leyen para “retrasar” la EUDR hasta que sea “viable”. Une su voz así a las de una veintena de ministros de Agricultura europeos que, desde la primavera pasada, en plena oleada de protestas del campo, piden una revisión de los plazos de la norma, algo que también reclama Washington.“Es sorprendente que haya tantas protestas incluso antes de que se implemente la ley, el año que viene veremos cómo va, pero por el momento nadie tiene una experiencia práctica de cómo está funcionando porque sencillamente aún no ha empezado a funcionar”, señala por teléfono la experta en deforestación de WWF, Anke Schulmeister, para quien la “urgencia del cambio climático” no admite nuevos retrasos.Los defensores de la ley apuntan a que cada vez más empresas en esos países críticos logran adaptarse a la nueva normativa. Además, también desde ahí hay apoyos firmes al EUDR: tras la furibunda carta de los ministros brasileños, el Observatorio del Clima envió su propia misiva a Von der Leyen la semana pasada pidiéndole que no ceda a las presiones. “Brasil y la UE quieren lo mismo: acabar con la deforestación. La EUDR ayuda a catalizar este proceso. En momentos en que todo Brasil arde en llamas por la crisis climática, tirar este instrumento a la basura por la presión del ala retrógrada de las empresas agrícolas sería bailar un vals con el apocalipsis”, advertía el coordinador de esta red de ONG brasileñas, Claudio Angelo. Y es que, acota Fern, otra asociación europea centrada en la defensa de los bosques, no hay que perder de vista por qué surgió esta ley: “La urgente necesidad de responder a uno de los mayores desafíos medioambientales de nuestra era, la destrucción forestal por la producción agrícola”. Aunque la normativa sea mejorable.