Jueza amaga a la Presidenta, es una majadería sin rigor jurídico: Fernández Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que hay nula posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum sea procesada por no acatar la orden de quitar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.Afirmó que la reforma ya es ley vigente y se tiene que respetar, por lo que defendió que el siguiente año se realizarán las elecciones judiciales.Insistió en que la Ley indica que el juicio de amparo no procede contra reformas constitucionales.Fernández Noroña arremetió contra la jueza Nancy Juárez:Amaga, o pretende amagar a la compañera Presidenta, es una majadería política, intelectual, de nulo rigor jurídico, cualquier estudiante de Derecho se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo…Afirmó que no hay ninguna posibilidad de que la Presidenta sea proceda por estos hechos:Your browser doesn’t support iframesNancy Juárez, jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien dio un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar o “bajar” la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), afirmó que en caso de que esto no sea atendido, la ley la obliga a dar visto al Ministerio Público de la Federación.“El artículo 107 constitucional es muy claro al respecto, así como el 252 de la Ley de Amparo, se incurre, y la autoridad incurriría en un delito de desacato a una resolución judicial y en ese sentido tendría que dar vista al Ministerio Público (federal), es decir, hacer la denuncia correspondiente y ya corresponderá al Ministerio Público federal continuar con el procedimiento legal”, aseguró en Aristegui En Vivo.La jueza especificó que no ha podido comprobar si las autoridades correspondientes ya fueron notificadas con la resolución que les solicita eliminar esta reforma del DOF, pero una vez que pueda comprobar que el documento de orden judicial ya fue entregada, las personas competentes tendrá 48 horas para cumplir la suspensión,Aseguró que ella no tiene intervención alguna en las decisiones que tome el Ministerio Público sobre si se actualiza o no el delito de desacato y tampoco sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite, en su momento, la orden de aprehensión en contra de la presidenta o de las autoridades que hayan incumplido con la orden judicial.