Incompatibilidades en reformas de Morena producen ‘confusión y traslape de funciones’: Alcocer

“No hay nadie que este revisando si entres las reformas aprobadas hay compatibilidad”, denunció en Aristegui en Vivo el Dr. Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto.>Alcocer explicó que en la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que “organiza y define las dependencias” del Ejecutivo Federal, se establecerán tres secretarías adicionales, incluida una de ciencia y una de la mujer. Sin embargo, la reforma también reconoce que los órganos reguladores en materia energética -como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos- forman parte de la administración pública centralizada, a pesar de que existe otra iniciativa de ley que busca eliminarlos. Por lo que señala que esta situación evidencia una falta de revisión y coordinación entre las reformas, lo cual deriva en una “mala coordinación y falta de compatibilidad”.Otro ejemplo de las incompatibilidades que Alcocer ha identificado se encuentra en la reforma sobre la Guardia Nacional. Explicó que el expresidente López Obrador, propuso adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa mediante una reforma legal, no constitucional, la cual fue declarada inválido por la Suprema Corte.A pesar de esa resolución, en septiembre se aprobó una reforma constitucional que hace lo mismo.Alcocer señala que no se modificó el artículo dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública que está invalidado por la SCJN no se ha modificado lo que asegura podría provocar “confusión y traslape de funciones”Otro aspecto identificado fue la incorporación de la Secretaría de Seguridad Pública como un actor en la investigación de delitos. Alcocer indicó que la reforma “establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de seguridad pública, a la Guardia Nacional y a las policías”. Según él, esta inclusión “genera un desorden administrativo”, al superponer las facultades del Ministerio Público con las de una dependencia de seguridad pública, lo que podría impactar la autonomía de la Fiscalía General de la República.“Una secretaría de Estado es al mismo tiempo una policía complementaria y se sobrepone a las facultades del Ministro Público. […] Esto es un verdadero desorden, es un atropello. Están por desgracia, no solamente desordenando al gobierno, si no derrumbando derechos básicos, elementales y derechos humanos“, afirmó.El director de la revista Voz y Voto afirma que el trasladado de facultades policiacas y de investigación a una dependencia administrativa es contraria a toda lógica, es contraria, incluso a tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos.Otro aspecto preocupante para Alcocer es la transferencia de la base de datos del Registro Nacional de Población (Renapo) a la Agencia Digital. “Estamos hablando de la base de datos personales más grande de México, que contiene información desde el nacimiento hasta la muerte de todos los ciudadanos”, comentó Alcocer, subrayando que esta base de datos estaba previamente resguardada por la Secretaría de Gobernación bajo estrictas medidas de seguridad y ahora, se busca transferir su administración a la Agencia Digital.Alcocer advirtió que “esto podría representar una amenaza para la privacidad y los derechos de protección de datos personales de todos los mexicanos”.Estamos avanzando a pasos agigantados, efectivamente, hacia un sistema autoritario.Por último, el analista se refirió a la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. “Primero, el nombre ya es un poco estrambótico”, afirmó Alcocer, quien cuestionó la efectividad de una secretaría anticorrupción cuando, en su opinión, “no ha habido resultados en esta materia durante el último sexenio”.Además, consideró que el establecimiento de esta dependencia refleja una tendencia del gobierno a “utilizar nombres para su propaganda”, sin que realmente se implementen medidas efectivas en contra de la corrupción.Alcocer cuestionó la “falta de revisión” y el “desorden” en el diseño y aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Expresó su preocupación de que estas modificaciones puedan “afectar derechos básicos” y transformar el sistema en un entorno “cada vez más autoritario”, en el que los derechos humanos y ciudadanos quedarían subordinados a criterios de seguridad.“No hay orden, no hay sentido de gobierno; lo que hay es precipitación, lo que hay es imposición, lo que hay, por desgracia, es autoritarismo. En esta Ley Orgánica tenemos múltiples ejemplos de esa manera de concebir el gobierno por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.”