Desaforan a magistrado para que enfrente proceso por delitos de alto impacto

[Síguenos ahora también en WhatsApp. Da clic aquí] Con 24 votos a favor y 6 abstenciones, el pleno del Congreso de Nayarit determinó retirar el cargo y el fuero al magistrado numerario del Poder Judicial, Rodrigo Benítez Pérez, para que pueda ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).Los señalamientos son por los presuntos delitos como obstaculización de investigaciones por desaparición forzada, violación equiparada y tráfico de influencias cuando fue Subfiscal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y director general de Investigación Ministerial de la Fiscalía del estado.En la sesión ordinaria, el Pleno legislativo, constituido en Gran Jurado, Sección Instructora, con la asistencia de las 30 diputadas y diputados, se votó el juicio de procedencia PDP-CE-01/2024 en contra del magistrado el magistrado.La Comisión, que actúa con base en los artículos 125 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 266, 267, 271 y 272 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, entre otros ordenamientos.Conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, la y los agentes del Ministerio Público Federales, así como a los abogados defensores del magistrado Rodrigo Benítez Pérez, participaron en el proceso para desahogar sus argumentos.Foto: Archivo. Poder Judicial de Nayarit Los Ministerios Públicos Federales solicitaron al Pleno del Congreso votar a favor de la declaración de procedencia para continuar con las investigaciones contra el magistrado Benítez Pérez.Por su parte, los abogados defensores del magistrado solicitaron no votar a favor, declarando que el asunto era competencia del Congreso de la Unión.Durante la lectura de los antecedentes, la mesa directiva exhibió detalles de los sucesos que dieron lugar a las acusaciones y particularidades de la investigación, a lo que la defensa del magistrado Benítez reclamó y advirtió que habrán consecuencias legales por la violación del debido proceso.El Congreso Local retiró el fuero constitucional a Rodrigo Benítez Pérez, y lo separó de su cargo como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.El procedimiento fue iniciado tras la recepción, el 9 de octubre de 2024, de la solicitud firmada por los agentes del Ministerio Público de la Federación, María Isabel Guerrero López y Abraham Francisco Launizar Sánchez, adscritos a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.Señalamientos por Desaparición Forzada La Fiscalía General de la República (FGR) radicó en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-NAY/0000603/2019, el presunto delito de obstaculización de investigaciones por desaparición forzada de 39 personas desde 2017.Según la FGR, el caso presenta un patrón sistemático de violaciones graves, motivo por el cual ejerció su facultad de atracción en 2020, apoyada en un documento del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas que instó al Estado a aplicar medidas urgentes.Este señalamiento, relacionado según documentos oficiales, con el arresto de un individuo, el 29 de mayo de 2023, por delincuencia organizada con multas de fomento contra la salud y secuestro agravado, y desaparición forzada.Señalamientos por violación agravadaRespecto a la acusación por presunta violación agravada presuntamente cometida en agosto de 2018 por Benítez Pérez como Subfiscal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en contra de una subalterna suya.Según los testimonios de la víctima, identificada como Ámbar 14082024 para proteger su identidad, Benítez Pérez aprovechó su posición de autoridad para intimidarla y agredirla sexualmente en su oficina.Señalamientos por Tráfico de InfluenciasPor el desempeño de Rodrigo Benítez Pérez, como Director General de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado desde el 3 de octubre de 2017 hasta el 21 de septiembre de 2023, es investigado por el delito de tráfico de influencias. Según la FGR, Benítez Pérez habría utilizado su cargo para influir en la resolución de un caso judicial en favor de una mujer, beneficiaria del acto ilícito.Foto: Archivo Presuntamente, el hecho ocurrió en marzo de 2019, cuando Benítez Pérez citó a la testigo 1-10022021 a una reunión en el despacho del Fiscal General de Nayarit, y en esa reunión, Benítez Pérez habría dado instrucciones a la Agente del Ministerio Público encargada del caso 1582/2017 para que se pusiera en contacto con la mujer y favoreciera sus intereses.Acusan a Benítez de obstaculizar investigación por desaparición forzadaTambién, Rodrigo Benítez Pérez, en su calidad de Director General de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en 2019, está siendo investigado por obstaculizar una investigación relacionada con la desaparición forzada de personas.Según la Carpeta de Investigación NAY/TEP-III/CI-950/2019, a principios de diciembre de ese año, Benítez Pérez ordenó la destrucción de indicios cruciales de la fosa denominada “fosa de los 21“, ubicada en el predio de “La Saucera”, Ejido Pantanal, en el municipio de Xalisco, Nayarit, la cual estaba vinculada a 21 personas desaparecidas en 2017.Foto: Especial Los indicios destruidos incluían prendas provenientes del SEMEFO, como aros de seguridad (esposas) y otros elementos relacionados con la mecánica de muerte de las víctimas.Estos materiales formaban parte de una investigación por desaparición forzada, en la que se suponía la participación de elementos de la extinta Policía Nayarit y el exfiscal Édgar Veytia. Su destrucción impidió el esclarecimiento del caso, según se señaló en la Carpeta de Investigación.Según la Carpeta de Investigación NAY/TEP-III/CI-950/2019, estos indicios eran cruciales para la identificación de las víctimas y formaban parte de la investigación por desaparición forzada.Benítez Pérez instruyó al encargado de la bodega de indicios, Walter López Briseño, a destruirlos sin la autorización de la Representación Social encargada de la Carpeta de Investigación.Foto: Archivo. FGE Nayarit Esta acción contravino lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que prohíbe la destrucción de cadáveres o restos sin identificación o reclamación, así como sus pertenencias.El 23 de diciembre de 2019, López Briseño informó por oficio que los indicios fueron destruidos el 18 de diciembre, tal como lo había solicitado Benítez Pérez.La destrucción de estos elementos obstaculizó el avance de la investigación y contravino el deber de preservar evidencias esenciales para su debido análisis.Estos casos derivaron en el inicio del Procedimiento de Declaración de Procedencia (PDP-CE-01/2024) contra Benítez Pérez, quien actuó en contra de sus responsabilidades como servidor público.