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La resistencia de jueces, ministros y magistrados a la implementación de la reforma al Poder Judicial sigue tensando la relación con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su gabinete. En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria ha arremetido contra los impartidores de justicia publicando un listado de resoluciones y amparos a los que acusa de “paralizar obras públicas o políticas de bienestar” así como de “generar impunidad”. Además, la presidenta ha respondido a la resolución que ordena echar atrás la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación: “No tiene fundamento legal”.La mandataria ha ocupado buena parte de la conferencia al tema. Sheinbaum ha negado además haber recibido la notificación del fallo judicial. Para explicar por qué no tiene fundamento ha citado que Ley de Amparo señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. “No estamos en desacato […] quien está en desacato es la jueza”, ha sostenido la mandataria y ha adelantado que en cuanto sea informada sobre la orden judicial, consultará al Congreso, vía la Consejería Jurídica, sobre la legalidad del fallo.Como parte de la acometida, con un segmento titulado “Excesos en el Poder Judicial”, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha lanzado un listado de resoluciones y amparos que presuntamente han tenido como objetivo “paralizar proyectos importantes entre obras públicas o políticas de bienestar […] También han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia”. El Gobierno también ha echado mano de los salarios millonarios que perciben algunos jueces, consejeros, ministros y magistrados, en algunos casos, por encima del salario de la presidenta.Como parte de la respuesta a la tensión con el poder judicial, la secretaria también ha repasado algunas sentencias especialmente sensibles apuntando con nombres y apellidos a los jueces en cuestión. Por ejemplo, la liberación de José Alberto N, alias La Kena, líder del Cártel del Golfo, el 25 de enero, supuestamente beneficiado por el juez Crescencio Contreras. O el fallo del magistrado Juan Pedro Contreras, quien dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, investigado por el Caso Odebrecht, dejándolo en libertad.Sobre el paro de labores que mantienen los trabajadores del Poder Judicial, la mandataria ha retado a los jueces, que desde este lunes han iniciado una conferencia de prensa diaria, a responder por qué continúan percibiendo sus salarios a pesar de la huelga que mantienen desde hace más de dos meses. Este reclamo ha sido complementado con un compendio de acciones judiciales detenidas por la inactividad judicial. Entre ellas, más de 6.000 sentencias pendientes de 21.000 mil personas privadas de la libertad y 12.000 audiencias pendientes.

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